Pospuesta durante casi 30 años por motivos políticos, económicos y electorales, la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LYFC) y con ello la liquidación del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) resulta una medida bien recibida por partidos políticos, legisladores federales, gobernadores, cúpulas empresariales, grupos de intelectuales y la sociedad en su conjunto, como muestra de que el presidente Felipe Calderón está decidido a poner orden en uno de los sectores clave para la modernidad del país, como es el energético.
Hoy, dicen especialistas, el Ejecutivo ha tomado la medida más importante de su administración en el contexto actual de crisis económica que, junto con el conflicto interno en la sucesión de la dirigencia del SME, llevaron al gobierno federal a tomar la disposición de liquidar a esta empresa paraestatal y poner fin a la firma pública que suministraba con pésima calidad y enormes costos para el erario la energía eléctrica a la zona centro del país.
De haber seguido así las cosas, estiman expertos, entre 2007 y 2012 la transferencia de subsidios a la compañía alcanzaría los 300 mil millones de pesos, que equivalen a más de seis veces el presupuesto anual del Programa Oportunidades o a construir un millón 200 mil casas de interés social o tapar el boquete presupuestario que arrastran las finanzas públicas, por lo que ya era prioritario corregir el destino de tal cantidad de recursos por el bien de la ciudadanía.
Por el momento, dicen los consultados, la prioridad para el gobierno debe ser consolidar el frente que recién abrió y resolver la compleja decisión de liquidar a la empresa, con todo lo que implica en términos de enfrentar a uno de los sindicatos más radicales del país.
Hasta ahora, aclaran, el manejo del gobierno ha sido impecable: la opinión pública está con él; se tomaron las instalaciones de la empresa por sorpresa, sin ninguna filtración y de manera por completo pacífica; el servicio eléctrico no se ha interrumpido; y en la mesa se puso para los trabajadores de la extinta empresa un paquete muy generoso de liquidación, con la posibilidad de recontratar a muchos de ellos.
De esta forma, asumen los especialistas, las condiciones están dadas para que el presidente Felipe Calderón gane esta partida en beneficio de todos los mexicanos.
Mesa de diálogo
El viernes 16, por la tarde, el gobierno federal y el Sindicato Mexicano de Electricistas iniciaron una serie de encuentros en la Secretaría de Gobernación, para buscar acuerdos que eviten que se complique la extinción de LYFC.
Esa primera reunión, sin embargo, concluyó sin acuerdos, pues los líderes electricistas Martín Esparza y Alejandro Muñoz dijeron que mantendrán la lucha por revertir la desaparición de LYFC., mientras la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado en el que señala que el decreto por el cual se extingue Luz y Fuerza es "irreversible".
Al cierre de esta edición, en su comunicado, la Segob insistió en que el objetivo de la mesa de diálogo es únicamente explorar posibles fórmulas de reinserción de los ex trabajadores de LYFC. en nuevas actividades laborales. Explicó que si un trabajador quiere ser recontratado para prestar servicios, debe ser primero liquidado.
Se espera que se fijen nuevas fechas para continuar el diálogo con ese objetivo.
Sindicato obsoleto
Los privilegios y prebendas que mantenía el SME, así como su oneroso régimen de jubilaciones y pensiones, habían generado una inercia nociva en el gasto de la empresa, cuyas obligaciones con sus empleados crecían año con año pero ofrecía un servicio deficiente, por lo que sobrevivía gracias a la transferencia de subsidios: 42 mil millones de pesos cada año.
¿Cuáles son los privilegios que mantenía este gremio? Según la información oficial, entre otras cosas, los trabajadores del sindicato obtenían electricidad gratuita, bonos, compensaciones, 54 días de aguinaldo y podían retirarse a los 55 años con 100% de su último salario.
Además, recibían una ayuda para despensa equivalente a 15% del sueldo bruto, un fondo de ahorro que representaba 22% del sueldo base, ayuda para transporte de 12.5%, y un "incentivo por desempeño" de 66.67% del sueldo base. Políticas salariales que no encajaban en nada con el servicio que ofrecían.
Otras dispensas de los trabajadores de esa empresa eran que se les practicasen dos exámenes médicos cada año, una ayuda de mil 500 pesos para lentes graduados y entrega de útiles escolares.
Otro ejemplo: al emprender la negociación de su contrato colectivo para el periodo 2008-2010, el sindicato pidió un aumento de 115% en los recursos para "gastos de contratación", cuya definición, uso y destino sólo conoció la representación gremial.
En ese pliego petitorio, estos "gastos de contratación" aumentaron de 75 millones a 160 millones de pesos.
Ese año se pidieron también "apoyos económicos" para terapias en beneficio de los sindicalizados, además de requerir 168 millones de pesos más para transporte y 73 millones para aguinaldos.
Asimismo, contaban con propiedades como ranchos con caballos pura sangre y gimnasios de Primer Mundo… Todo un dispendio de sus líderes gremiales.
¿Y la empresa?
También seguir subsidiando a Luz y Fuerza del Centro era una carga insostenible para las finanzas del país.
Los datos oficiales señalan que el deterioro de esta compañía no se originó en esta administración sino desde hace muchos años, en los que hubo intentos de recuperarla mediante convenios de productividad desde 1994, pero nunca se cumplieron. Al contrario: se propició que continuara el deterioro.
Los pasivos laborales de la empresa ascendían a 240 mil millones de pesos, de los cuales 80 mil millones correspondían a trabajadores en activo y 160 mil millones a jubilados. Además, esta firma proveedora de electricidad no contaba con un fondo para cubrir esos pasivos. Desde 2002, la Cámara de Diputados detectó irregularidades en la empresa, mismas que no fueron atendidas por la misma institución.
Y un dato más: tres meses antes de anunciarse el proceso de liquidación, su director, Jorge Gutiérrez Vera, presentó a la Junta de Gobierno de la paraestatal un diagnóstico sobre la realidad financiera y operativa de la empresa. Este informe revela que LYFC estaba en bancarrota y la asistencia al ciudadano era pésima, lo que permitió llegar a la conclusión de que eran más los problemas que ofrecía la empresa que los beneficios de un servicio que otorgaba a casi 6.2 millones de usuarios.
Entre los planteamientos —que también pasaron por las manos de los representantes sindicales— destaca el hecho de que se incrementaron las zonas críticas de 22 a 24 en los últimos doce meses, donde la compañía negó el servicio a 927 grandes clientes por no disponer de la infraestructura ni la suficiente energía para suministrarles. Y lo peor: por estas causas muchas de estas inversiones migraron fuera del país.
Otro de los problemas expuestos es el relacionado con el robo de energía eléctrica, "que continúa en niveles muy elevados", toda vez que representa 32.45% de los ingresos en total, dice el documento.
Ahí se argumenta que la empresa cuenta con 22 mil 650 jubilados, hecho que muestra una proporción de 1.95 trabajadores activos por cada trabajador jubilado, y agrega que la "situación continuará impactando de manera constante y creciente la situación financiera y operativa".
En ese informe se da cuenta, también, de que el organismo registró 916 accidentes en doce meses y los índices de gravedad mostraban un incremento relevante en el último año.
En materia presupuestal, al cierre de 2008 LYFC reportó un déficit con todo y subsidios. Ese año la empresa recibió del gobierno federal 42 mil 315 millones de pesos, que se destinaron casi en su totalidad al pago de dos rubros: sueldos y prestaciones a la plantilla laboral, y en adquirir energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Un verdadero círculo vicioso.
El decreto
Por todas estas causas —tanto en materia de privilegios del sindicato como inviabilidad de la empresa—, el pasado domingo 11 se publicaron las bases del proceso de liquidación y se comenzó a levantar el inventario de los bienes pertenecientes al organismo en extinción por parte del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE); y se prevé que dentro de dos meses, como máximo, se procederá a la liquidación de todos los trabajadores de la empresa.
Para poner fin a esta firma pública, el gobierno federal emitió la publicación de un decreto en el que, a grandes rasgos, se explica la historia de esta paraestatal hasta el decreto presidencial del 9 de febrero de 1994 con que se creó el organismo descentralizado.
Se detalla que, desde su creación, "la institución no ha cesado de recibir transferencias presupuestarias cuantiosas, las cuales lejos de disminuir se han visto incrementadas en los últimos años. Basta señalar que de 2001 a 2008 tales transferencias se incrementaron en más de 200% y para el presente ejercicio dichas transferencias serán del orden de 41 mil 945 millones de pesos: de continuar el mismo comportamiento, se estima que podrían alcanzar un total de 300 mil millones de pesos durante la presente administración".
Se explica, además, que los costos de LYFC casi duplican sus ingresos por ventas: de 2003 a 2008 registró ingresos por ventas de 235 mil 738 millones de pesos, mientras que sus costos fueron de 433 mil 290 millones, incluyendo energía comprada a la CFE.
Incluso se menciona que el organismo registra un pasivo laboral de 240 mil millones de pesos, de los cuales sólo 80 mil millones corresponden a trabajadores en activo y 160 mil millones al personal jubilado.
Se denuncia que a diciembre de 2008 LYFC no atendió diversas solicitudes de prestación de servicio que, en su conjunto, representan el doble de la demanda en Acapulco. "La falta o insuficiencia de suministro de energía eléctrica es un factor importante que puede inhibir la decisión para realizar inversiones, por lo que esta situación no es sostenible", detalla el decreto.
Y hace una aclaración donde expone que esta problemática expuesta ya ha sido conocida por la Auditoría Superior de la Federación que, "con motivo de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2006, recomendó que la Secretaría de Energía se coordine con la Secretaría de Hacienda para que evalúen la conveniencia de elaborar estudios que sustenten la posibilidad de proceder en términos de lo que dispone el artículo 16 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, en el que se señala que ‘cuando algún organismo descentralizado creado por el Ejecutivo deje de cumplir con sus fines u objeto o su funcionamiento no resulte ya conveniente desde el punto de vista de la economía nacional o del interés público, la Secretaría de Hacienda, atendiendo la opinión de la dependencia coordinadora del sector que corresponda, propondrá al Ejecutivo federal la disolución, liquidación o extinción de aquel’".
En este planteamiento gubernamental se concluye que al no tener autosuficiencia financiera y que subsiste por las transferencias que hace el gobierno, no resulta conveniente para la economía nacional seguir manteniendo a la empresa pública.
Proceso de extinción
Así, el gobierno, apoyado en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales —artículos 15 y 16—, estableció como causas de extinción de LYFC el haber dejado de cumplir sus fines de funcionamiento, pues no resultaba ya conveniente desde el punto de vista de la economía nacional su actividad.
Ante esta situación, la Secretaría de Energía (se), en su carácter de coordinadora de sector, al considerar que son innegables las causas de extinción previstas en la ley, con fecha 28 de septiembre de 2009 propuso la desincorporación por "extinción" de LYFC.
Después, la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación, en su sesión de fecha 5 de octubre de 2009, emitió el dictamen favorable respecto de la propuesta de desincorporación por extinción y la consecuente liquidación. Inmediatamente, la Secretaría de Hacienda sometió a la consideración del Ejecutivo la propuesta de desincorporación, en razón de que su funcionamiento ya no resultaba conveniente desde el punto de vista del interés público.
Cabe mencionar que el decreto que extinguió al organismo sólo lo dejó con personalidad jurídica exclusivamente para el proceso de liquidación, a efecto de que se cumplan sus obligaciones frente a los trabajadores.
Apoyo
Después de esta decisión del presidente Calderón, muchas fueron las voces a favor de la medida.
El sector industrial del país lo respaldó por la "valentía" de desaparecer esta compañía, que representaba un gasto al erario por más de 40 mil millones de pesos al año.
Salomón Presburger, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), informó que no habrá afectaciones en la planta productiva nacional, porque la CFE. garantizó el abasto de energía eléctrica.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en voz de su presidente, Ricardo González Sada, dijo que la iniciativa privada espera que la decisión federal se mantenga firme a pesar de las movilizaciones que surgirán en los próximos días en apoyo al SME.
A su vez, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), mediante su presidente, Armando Paredes, destacó que con la desaparición de LYFC se logrará una importante reducción del gasto público.
Y afirmó: "Sus costos exorbitantes, las constantes pérdidas y los pasivos laborales en permanente aumento para sostener un régimen de privilegio, hacían inconveniente la permanencia de una empresa que perjudica a la economía nacional y el interés público".
En el ámbito político, Josefina Vázquez Mota, jefa de la bancada del PAN en San Lázaro, hizo suya la cruzada por acabar con la opacidad en el manejo de los recursos de los sindicatos, incluidos el magisterial y el de los petroleros. "Se trata de acabar con la corrupción, trátese del sector o del actor que tenga que ver con estas prebendas o estos privilegios", dijo.
El dirigente nacional del PAN, César Nava, reconoció que el manejo del sindicato y las condiciones laborales establecidas en el contrato colectivo de LYFC fueron las principales causas que llevaron a la debacle financiera, y por lo tanto, a considerar la conveniencia de cierre de la empresa.
El gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, se pronunció por que el gobierno federal respete los derechos laborales del personal después del decreto para liquidar la paraestatal. Confió en que la medida tomada por el presidente esté encaminada a mejorar los servicios de suministro de luz en el centro del país y con ello favorecer la inversión y el desarrollo económico de esta región.
El coordinador del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, dijo que su partido no apoyará la controversia constitucional que PRD, PT y Convergencia presentarán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del decreto presidencial a través del cual se extinguió la paraestatal.
Servicio eficaz
El director general de CFE, Alfredo Elías Ayub, explicó que el hecho de asumir la operación de la infrestructura eléctrica en los estados de Hidalgo, Puebla, Morelos, Estado de México y delegaciones del DF significa gastar más, pero también recibir más ingresos para un mejor servicio.
"Vamos a realizar las inversiones que urgentemente requiere la zona centro del país y, con el mismo dinero, nos van a rendir como el triple de lo que rendían antes", dijo.
Sostuvo que la participación de la CFE en lo que fue el área de influencia de LYFC no significará ningún cambio en la política tarifaria.
Asimismo, anunció que la CFE firmó un convenio con diversos bancos que operan en el país y tiendas comerciales, para recibir pagos de usuarios de la extinta empresa sin costo alguno, aunque estos se encuentren vencidos, como una de las primeras medidas para continuar con el servicio eléctrico de la zona centro.
Indicó que los pagos de usuarios del servicio eléctrico podrán realizarse a través de internet y en los cfemáticos que gradualmente irá instalando la empresa paraestatal, principalmente en tiendas de autoservicio y departamentales.
Respecto de las condiciones en las que encontraron las instalaciones, señaló que ahora están en la parte operativa, por lo que la prioridad será garantizar el suministro de electricidad y, en una segunda etapa, pasarán a la parte evaluativa, dentro de la cual podrían considerarse algunas adecuaciones.
Aclaró que la línea telefónica 071 para la atención a clientes está lista a pesar de que el suministro no presenta fallas.
Por encima de la ley
Según las autoridades laborales, todos los derechos de los trabajadores en activo y jubilados se respetarán estrictamente, no sólo conforme a la Ley Federal del Trabajo sino también conforme al contrato colectivo.
Una vez iniciadas las liquidaciones, se explicó, en promedio los recursos otorgados serán de 300 a 400 mil pesos para aquellos trabajadores que han laborado de tres a nueve años. También se afirmó que a aquellos que pasen por su liquidación antes del 14 de noviembre se les dará un "bono extra" —que dependerá de su antigüedad laboral— y serán los primeros en ser recontratados por la CFE.
Por lo que toca a los trabajadores jubilados, destacó el secretario del Trabajo, "dada la insuficiencia financiera que ya reportaba el organismo, el gobierno de la república asume de manera vitalicia a plenitud el pago de estas jubilaciones en términos de lo que establece la ley y con una indexación basada en el Índice Nacional de Precios al Consumidor".
Mencionó que ya se puso a disposición de los trabajadores una página de internet para que puedan consultar su caso particular. Esta información será totalmente confidencial y solamente tendrán acceso aquellos trabajadores que puedan, con sus datos personales y laborales, tener acceso a la información conducente, en www.lfc.gob.mx o al teléfono 01-800-801-0589.
Un gran paso
Con esta medida emprendida por el presidente Felipe Calderón se da un paso sólido para hacer un uso más eficiente de los recursos que son de todos los mexicanos y canalizarlos a las prioridades de la gente, como el combate a la pobreza y la inversión en salud y educación.
Incluso, inicia una nueva etapa en la prestación de un servicio eléctrico más eficiente en la zona económica más importante del país.
Una decisión que tuvo que esperar casi tres décadas…
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