Apenas dos horas antes de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) le negara oficialmente la toma de nota por las innumerables y abiertas inconsistencias en el proceso para reelegirse por tercera ocasión, Martín Esparza, ex líder del SME, decidió jugarse su última carta y amenazó con “bajar el switch” y paralizar vialidades si no se le reconocía su “triunfo inobjetable” en un conteo que, finalmente, arrojó tres mil 827 sufragios de más sobre un padrón de ocho mil 527 agremiados con derecho a voto.

“Votaron los muertos y cientos de personas a quienes previamente se les entregó una falsa credencial”, acusa Alejandro Muñoz Reséndiz, ex tesorero y líder del movimiento disidente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), quien se congratula con la decisión de la STPS porque abre la oportunidad de acabar con cacicazgos y corruptelas que impiden la modernización y productividad de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC). Reséndiz adelanta que de quedar nulificadas las elecciones del pasado seis de julio por parte de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, contenderá nuevamente como candidato del grupo Transparencia Sindical y, de obtener el triunfo, de inmediato firmará convenios de productividad destinados a proporcionar un servicio eléctrico eficiente y a que LFC recupere su viabilidad financiera.

El ex tesorero, quien denunció falsificación de facturas de proveedores, desvío de cuotas sindicales y solicitud de dinero para subir en el escalafón o para el disfrute de vacaciones o días económicos, acepta la existencia de una maraña de corrupción al interior del SME y dice que “se está en la oportunidad de empezar a limpiarlo obligando a elegir democráticamente a sus dirigencias y a fiscalizar los millonarios recursos que les aporta la empresa para la explotación del fluido eléctrico”.

Apunta que Martín Esparza insistirá en movilizaciones y bloqueo de vialidades para presionar a las autoridades a que le otorguen la toma de nota, pero no se arriesgará a suspender el suministro eléctrico, salvo algunos “apagones inducidos” porque sabe que se podría decretar la requisa y que las labores del SME podrían asumirlas perfectamente técnicos de la Comisión Federal de Electricidad. “La advertencia del secretario del Trabajo, Javier Lozano, y del propio secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, de que se tomarán las medidas necesarias para garantizar el servicio, obligó a un cambio de discurso de Esparza, quien de la amenaza y el chantaje anunciados seguramente sólo ejercerá presión a través de movilizaciones, consignas de diputados afines a su movimiento y apoyo de instancias internacionales”, apuntó.

Empero, subrayó, la mayor presión de Esparza para su permanencia al frente del SME será sin duda el ahogo financiero por la cancelación del pago de las cuotas sindicales de LFC que representan alrededor de 35 millones de pesos mensuales, además de otras asignaciones para contrataciones, pago de días económicos, vacaciones, horas extras y aguinaldos que los líderes en turno manejan de manera discrecional.

 Por su parte el ex dirigente Martín Esparza, al término de la asamblea extraordinaria en la que se acordó un plan de movilizaciones que inició con la marcha del pasado jueves del Ángel de la Independencia a la residencia oficial de Los Pinos y que proseguirá el próximo día 20 por el centro de la ciudad y Paseo de la Reforma, insiste en que la negativa a la toma de nota es un intento del gobierno federal por privatizar Luz y Fuerza del Centro que, reconoce, enfrenta un severo problema financiero, pero no por el elevado costo laboral y de transferencias —42 mil millones de pesos anuales—, sino por la energía en bloque que se compra a la CFE.

Esparza afirma que en 2008 se pagaron a Comisión Federal de Electricidad 60 mil millones de pesos por compra de energía, pero omite que del total de la electricidad con que abastecen a la zona centro del país, sólo 10 por ciento es generada por los trabajadores del SME, quienes prioritariamente se dedican a la distribución y comercialización del fluido a precio superior del que lo adquieren de la CFE. En tanto, en la Cámara de Diputados únicamente Francisco Hernández Juárez, líder de los telefonistas, comprometió su apoyo al SME para la realización de marchas y plantones, mientras que el dirigente de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Isaías González Cuevas, invitó a Martín Esparza a apegarse a los términos legales y comprobar con actas y documentos que no hubo irregularidades en el proceso de elección, así como a recurrir al amparo en caso de ser necesario.

Armando Neyra Chávez, diputado por la Confederación de Trabajadores de México (CTM), señaló que Esparza tiene la oportunidad de validar su reelección con las actas y escrutinios que dice tener “y entonces no habrá ningún problema para que sea reconocido por la autoridad laboral”.

LA CASTA DIVINA

Con un pasivo equivalente a 23 veces su valor como empresa y un nivel de productividad por trabajador de los más bajos y onerosos del orbe, lo que le significa un déficit anual superior a los 42 mil millones de pesos, LFC enfrenta los excesos de un contrato laboral obeso que aguerridamente defiende un sindicato arcaico y abusivo conocido como La casta divina, más interesado en ampliar sus prerrogativas económicas que en proporcionar un servicio eficiente y competitivo. Los afiliados al SME son los trabajadores del sector eléctrico mundial mejor pagados y con las mayores prestaciones económicas, pero también los de menor productividad por kilowatt-hora, situación que obliga a mantener un esquema de tarifas indexadas y a transferir a la paraestatal millonarios subsidios federales que le permitan cubrir la monumental nómina de la maraña burocrática.

De acuerdo con el Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO), entre los años 2000 y 2008 la productividad de los trabajadores de LFC cayó 12 por ciento al pasar de 852 megawatts-hora a 751 mwh, no obstante los exorbitantes aumentos salariales y prestaciones económicas que en ese lapso significaron transferencias por alrededor de 300 mil millones de pesos. Sus similares de la CFE, sin ser ejemplo de estándar internacional, producen dos mil 494 mwh con un nivel de pérdida de energía eléctrica de sólo 10.8 por ciento, frente a 33.4 por ciento de la privilegiada plantilla laboral de LFC. Más aún, asienta el IMCO, comparada con otras naciones, la productividad de los trabajadores electricistas encargados del suministro de la zona centro del país es altamente decepcionante si se considera que en Francia es de cuatro mil 900 mwh, en España de seis mil 900 y en Australia de ocho mil 950 mwh donde, además, el tiempo promedio de conexión es de un día, a diferencia del servicio de LFC que para abrir una nueva línea demora 5.9 días.

A lo anterior, puntualiza el IMCO, hay que agregar el tiempo promedio de interrupción por caída de cables o inestabilidad en el voltaje que para la zona metropolitana atendida por el SME es de 115 minutos, contra los 35 minutos que reporta la CFE encargada del suministro a 26.3 millones de usuarios.

CRECIENTE DÉFICIT

Para mantener a flote las deterioradas finanzas de Luz y Fuerza del Centro el gobierno federal prevé para 2010, incluidos nuevos aumentos en las tarifas, transferencias por 35 mil 16 millones de pesos que en 90 por ciento se destinarán a pago de salarios y prestaciones de 40 mil trabajadores en activo y 25 mil jubilados que perciben similar salario con actualizaciones y prerrogativas vitalicias. De esa forma, del total de los 118 mil 753 millones de pesos de presupuesto para subsidiar las tarifas eléctricas en 2010, 30 por ciento —35 mil millones de pesos— serán canalizados a LFC para atender el suministro de seis millones de usuarios, y el resto irá a la CFE que atiende a 26.3 millones de usuarios, incluyendo a los de las zonas rurales más apartadas.

Conforme al Centro de Investigación, Análisis y Desarrollo de Propuestas de Políticas Públicas (CIDAC), la liquidación de la paraestatal sería lo más sano para las finanzas públicas del país en momentos en que se requiere de empresas de comprobada eficiencia y productividad que contribuyan al desarrollo nacional. En su análisis expone que al cierre de 2008, el pasivo laboral de la empresa rebasaba los 88 mil millones de pesos contra los 96 mil millones de pesos de los activos fijos (plantas, instalaciones y equipo), haciendo de LFC una empresa claramente insolvente y con mínimos niveles de productividad, lo que encarece innecesariamente el suministro de energía eléctrica. El CIDAC destaca que ejemplo del elevado costo en la energía que suministra LFC por lo gravoso de su contrato laboral, es el déficit en las tarifas que alcanza 57 por ciento en promedio, contra 34 por ciento de la CFE, compañía que además es la encargada de generar la electricidad. Esto significa que CFE comercializa el kilowatt-hora a 1.18 pesos, mientras que Luz y Fuerza lo factura en 1.41 pesos para hacer frente a sus obligaciones laborales contractuales.

PÉRDIDAS ADICIONALES

Aunado a un pasivo laboral creciente que impide la modernización de las líneas de trasmisión, transformadores y subestaciones que en su mayoría tienen una antigüedad cercana a los 30 años, Luz y Fuerza del Centro enfrenta pérdidas anuales por 18 mil millones de pesos por alteración de medidores y conexiones clandestinas, muchas de ellas realizadas por los propios trabajadores del SME a cambio de una “compensación”.

Estimaciones de la Secretaría de Energía calculan que alrededor de 300 mil personas de la Zona Metropolitana del Valle de México están conectadas a la red mediante “diablitos” que ocasionan altibajos en el suministro, apagones y accidentes mortales de personas con falta de pericia para manejar las redes de alta tensión. La dependencia señala que las pérdidas anuales por robo de electricidad, particularmente en el DF y los estados de México, Puebla, Hidalgo y Morelos, representa tres veces el presupuesto de inversión de LFC, calculado para este año en seis mil millones de pesos. Datos de la Procuraduría Federal del Consumidor destacan que los principales consumidores de electricidad robada son los comerciantes ambulantes y habitantes de asentamientos irregulares que en muchas ocasiones se “cuelgan” de medidores cercanos.

La Profeco señala que LFC encabeza la lista de las paraestatales con más denuncias por deficiencias en el servicio, cobros indebidos y mal trato a los usuarios al momento de aclaración o reclamo en sus sucursales. Al cierre del primer semestre del año tenía acumuladas mil 200 denuncias.

ONEROSAS PRERROGATIVAS

Entre las prerrogativas que colocan a los trabajadores del SME entre los mejor pagados del país, están sus horarios inflexibles de no más de ocho horas con dos días de descanso, 54 días de aguinaldo, 350 kwh gratuitos por mes, fondo de ahorro de 11 por ciento pagado por la empresa y jubilación a los 27 años de servicio o 55 de edad con salario y prestaciones vitalicias como cualquier trabajador en activo. Además, los trabajadores cuentan con una ayuda económica de tres mil 500 pesos mensuales para gastos de transporte y pago de colegiaturas, con despensas equivalentes al ocho por ciento de su salario, y el pago de días económicos o ausencias justificadas y por onomástico o fallecimiento de alguno de sus familiares.

A esas prestaciones se agregan estímulos a la productividad y un fondo de ayuda para renta de vivienda que en este año significaron para LFC una erogación de más de 500 millones de pesos. También se les conceden “viáticos” por lectura de medidores en colonias alejadas, salario doble por horas extras y prima adicional de 40 por ciento por laborar en día dominical o feriado. Cálculos del CIDAC advierten que de proseguir el mismo esquema de jubilación de los afiliados al SME, para el 2015 el número de jubilados ascenderá a 40 mil, número similar a los que están en activo, debido a que entre las cláusulas del contrato colectivo se prevé la jubilación adelantada de la que hacen uso la mayoría de los agremiados para cobrar igual salario y prestaciones sin necesidad de trabajar.

Estimaciones propias de LFC exponen que las prestaciones económicas aumentan en 68.8 por ciento el salario de los trabajadores, quienes recientemente recibieron un incremento salarial de 4.9 por ciento y 0.96 por ciento en prestaciones, frente a una pretensión de 17 por ciento de incremento directo al salario y un aguinaldo de 64 días. Hoy el salario promedio base de un trabajador del SME, sin incluir las prerrogativas económicas, es de 425 pesos diarios, frente a los 198 pesos promedio de cotización al IMSS de cualquier trabajador de empresa o giro industrial. La comparación contrasta más con el salario mínimo actual de 54.80 pesos diarios con los que sobreviven 11.2 millones de jefes de familia.

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